Derechos Colectivos y Justicia Ambiental

Mediante la acción de inconstitucionalidad interpusimos ante la Honorable Corte Constitucional demanda para declarar parcialmente inexequible el articulo 14 (parcial) de la ley 100 de 1993, que estableció que las pensiones superiores a un salario mínimo se reajustarían anualmente con el IPC, creando en los últimos 20 años, una perdida de poder adquisitivo del 70% de la mesada, generando así, una desigualdad en ingresos reales en la población mas vulnerable, la de adultos mayores. Expediente D-17272 (AC) Esta demanda fue rechazada por la Honorable Corte Constitucional después del recurso de súplica que prácticamente confirmó lo fallado por el magistrado sustanciador Dr. Miguel Polo Rosero, confirmando que la demanda no cumplía la carga de argumentación para los principios de claridad, certeza, especificidad, pertenencia y suficiencia  que en voces y pronunciamientos de constitucionalistas se han vuelto una barrera de acceso impuesta por la jurisprudencia y no por la Constitución. Actualmente estudiamos una demanda ante cortes internacionales para atacar estas barreras contra los ciudadanos que han impedido volver a utilizar la Acción de Inconstitucionalidad por razones prácticamente subjetivas antes que de rigor. Igualmente, como defensores de derechos colectivos redactamos la nueva de manda con la ayuda de las herramientas jurídicas y tecnológicas  disponibles. Atentos.

Mediante radicación en curso, con previa autorización de la junta directiva, coadyuvamos ante el Honorable Tribunal Administrativo del Magdalena la Acción Popular interpuesta por nuestro Director Ejecutivo, cuya pretensión es que se respete el acuerdo marco suscrito entre ECOPETROL y la Alcaldía de Santa Marta, y no conceder la prórroga por 20 años adicionales a Cenit Transporte de hidrocarburos SAS, empresa filial de ECOPETROL, dado que la permanencia de los tanques de combustibles en el sector de Pozos Colorados contravienen lo ordenado en el POT de la ciudad de Santa Marta.

INCLUSIÓN Y EQUIDAD

Estructuramos una acción de cumplimiento en defensa del ciudadano por los cobros exagerados y posiblemente ilegales de peajes en vías primarias y secundarias no concesionadas o cuya concesión ya terminó y se materializó la cláusula de reversión al estado de la infraestructura y la logística utilizada; hasta el momento, y para agotar la vía administrativa, no hemos obtenido respuestas a los derechos de petición presentados ante el Ministerio de Transporte y ante el INVIAS para tener los argumentos soportados en respuestas oficiales. Dichos derechos de petición ya cumplieron el término legal sin obtener respuesta , por lo que hemos dado un tiempo prudencial para que la nueva administración atienda lo solicitado.

Defienda el territorio con nosotros

Su contribución financia los litigios estratégicos, la cartografía social y la defensa jurídica del patrimonio.